La prohibición de contratar con las Administraciones Públicas por infracciones en materia de competencia exige un análisis caso por caso, en el que resultan clave la vinculación de la conducta con la contratación pública y los principios de proporcionalidad, motivación e idoneidad.

La Audiencia Nacional ha suspendido cautelarmente una prohibición de contratar derivada de una resolución de la CNMC, reconociendo el potencial impacto económico y reputacional que esta medida puede ocasionar en las relaciones de la empresa con clientes públicos y privados.